La reciente convocatoria a Referéndum y Consulta Popular por parte del Presidente de la República ha generado amplios debates sobre la conveniencia, la procedencia, la constitucionalidad y la legalidad de estos mecanismos de participación democrática y que en la Constitución de la República se presentan como formas de ejercer la Democracia Directa.
El Referéndum constituye el mecanismo que permite al pueblo pronunciarse sobre las reformas que pueden introducirse a la Constitución; en tanto la Consulta versa sobre asuntos que estime conveniente el Presidente de la República, someter a concimiento del pueblo para obtener su pronunciamiento.
Muchos de los debates en torno a estos temas, se han centrado en cuestiones de orden constitucional y penal, precisamente para los juristas cuencanos Remigio Auquilla Lucero, Presidente del Colegio de Abogados del Azuay y Miguel Sarmiento, especialista en Derecho Penal, las preguntas son de orden técnico jurídico, por lo que temen que la población no entienda su verdero significado.
Otro de los aspectos, sobre los cuales se discute, es el referido a la Constitucionalidad o no del Referendum, nuestros entrevistados coinciden en el criterio de que la misma es inconstitucional, pues las preguntas del Referéndum estarían restringuiendo los derechos consagrados en la propia Constitución, de manera que la reforma planteada por el Presidente no puede ser aprobada a través de este mecanismo. Además, manifiestan que es inconstitucional la ingerencia del Presidente en otra función del Estado, violentando el principio de la independencia de las funciones, Miguel Sarmiento además guarda la esperanza de que la Corte Constitucional declare inconstitucional el llamdao a Referéndum y Consulta.
Los juristas consultados son muy duros respecto a su intrepretación de la finalidad que tuvo el Presidente para convocar al Referéndum, los dos creen que tras este llamado al pueblo, esta el afán del Presidente de “apoderarse” de la Función Judicial. Los tres delegados propuestos para integrar la Comisión Técnica que sustituirá al Consejo de la Judicatura en la reestructuración de la Función Judicial deben ser designados por el Presidente de la República, a la Asamblea Nacional y la Función de Transparencia y Control Social, serán afectos y sumisos al Presidente Correa y a su Movimiento Alianza Páis, ya que el “maneja” a estas dos últimas instituciones; para Auquilla esta situación seria un retroceso a tiempos pasados en los cuales la Función Ejecutiva intervenía en las otras funciones del Estado
Miguel Sarmiento cree que el Referéndum y la Consulta son una forma de legitimar y reforzar el ejercicio del poder por parte del Presidente debilitado a partir de los acontecimientos del 30 S, lo cual se lograría con un pronunciamiento positivo del pueblo.
Otro de los criterios coincidentes de los abogados consultados, es la forma en que se han planteado las preguntas, pues dicen que las mismas estan elaboradas para obtener un pronunciamiento favorable, es decir, estan incidiendo en el consultado, cuando las mismas deberían ser imparciales.
El doctor Remigio Auquilla Lucero, en relacióna los costos del Referéndum y la Consulta es categórico al afirmar de que se trata de un gasto injustificado, pues el enriquecimiento privado injustificado y la penalización de la falta de afiliación de los trabajadores al Seguro Social bien podrían ser canalizadas a través de otros mecanismos que la Constitución de la República prevé. Además de que el proceso para la designación de los miembros del Consejo de la Judicatura que esta en curso que va a quedar incompleto por el Referéndum, ha provocado un gasto innecesario. Al respecto Sarmiento expresa que espera, no se realice el gasto cuando la Corte Constituional declare la inconstituionalidad de este llamado presidencial.
Las preguntas relativas a la caducidad de la prisión preventiva y la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva únicamente para los delitos menos graves, son para Miguel Sarmiento preguntas demasiado abiertas, en la primera no se especifica el plazo al cual se quiere ampliar la caducidad de la prisión preventiva y en la segunda pregunta no especifica cuales son los delitos graves.
Remigio Auquilla sobre los temas señalados dice que debería definirse que son los delitos graves, si una violación, un secuestro para determinar a que delitos se debe aplicar las medidas sustitutivas y que tal situación deeberí ser aclarada por la Asamblea Nacional.
Sobre los temas penales de la Consulta, relativos a tipificar como delito el enriquecimiento privado no justificado y la no afiliación de los trabajadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el doctor Auquilla es tajante al manifestar que la leyes actuales son herramientas suficientes para combatir la corrupción pues se encuentra tipificado el enriquecimiento ilicito y repecto a la protección a los trabajadores, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social debe realizar un control estricto del cumplimiento de las obligaciones laborales y establecer multas añadiendo que estos objetivos se pueden lograr mediante la aplicación estricta de la leyes actuales que contemplan el enriquecimiento ilícito, por parte de las entidades llamadas a controlar esa aplicación.
En tanto, Miguel Sarmiento cree que con la creación de estos dos tipos penales se estan “recorriendo caminos muy peligrosos” pues teme que estos nuevos delitos puedan ser un instrumento de persecución política; ello se puede evitar estableciendo únicemnte sanciones pecuniarias fuertes.
Por último, Remigio Auquilla resaltó el hecho de que el Presidente de la República declaró que la Constitución de 2008 estaba diseñada para durar trescientos años y que la propuesta de modificar la Constitución contradice este criterio presidencial.
ANEXOS
Entrevista con el Dr. Remigio Auquilla
Presidente del Colegio de Abogados del Azuay
Entrevista al Dr. Miguel Sarmiento
Asesor Jurídico del Consultorio Universidad del Azuay
REALIZADO POR:
Christian Torres
Paúl Jimenez
Mauricio Álvarez
Washington Castillo
Cristhian Palacios
Wilfrido González
Arturo Pesántez
Andrés Yunga
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